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Otra mirada a la protesta social en Bogotá

Por: comunicaciones
Publicado el: Enero 2020

Por: Guillermo Rivera, Veedor Distrital

La radicalización de ciertos sectores políticos en Colombia ha llevado a que nos acostumbremos a ver las cosas en blanco o en negro.  Y eso pasa con la protesta social.

Después del paro cívico del 21 de noviembre, buena parte de los habitantes de Bogotá han adoptado posiciones frente a la protesta que parecen irreconciliables. Esas posiciones parecen estar ligadas a esas posturas políticas radicales.

Por cuenta de ese radicalismo, algunos de los que no marchan, ven a los miles de manifestantes que salen a la calle como una cantidad de desadaptados, a los que les gusta el desorden, que “no construyen ciudad ni país”, y cuyas protestas deben ser tratadas desde las instituciones como un asunto exclusivo de seguridad.

Y otros, ubicados en el extremo opuesto del espectro político, consideran que las movilizaciones sociales deben radicalizarse, generar acciones extremas, agresivas con los demás y con la infraestructura de transporte público. De lo contrario, creen, “la protesta es tibia y nadie les pondría atención”.

Pero desde los extremos, es difícil armonizar los derechos de los ciudadanos.  Ni todos los manifestantes son vándalos, ni todos los que no marchan o los que lo hacen pacíficamente, son tibios.

Necesitamos darle otra mirada a las marchas, para que con o sin ellas podamos convivir. Las grandes ciudades en el mundo reconocen el espacio público como un espacio natural para la protesta. Las calles, los andenes, los parques, también son espacios para la democracia y lugares de encuentro de acciones colectivas.

En esa perspectiva, los constitucionalistas democráticos y hasta los mejores urbanistas reconocen la protesta como un derecho que por su naturaleza, genera incomodidades o alteraciones a la vida cotidiana: el ruido de las arengas, los trancones derivados de los cortes de tráfico, la eventual modificación de las rutinas laborales, etc.

Con periódicas alteraciones a la vida cotidiana podemos vivir para escuchar a quienes no están de acuerdo, siempre y cuando no se exponga la vida ni la integridad física de nadie. Y sin que la violencia y los actos de vandalismo afecten nuestro patrimonio público y privado. La violencia desvirtúa el sentido democrático y civilista del uso de las calles para la protesta.

El protocolo de atención a la protesta social que expidió la administración distrital está alineado con el Decreto 563 de 2015 y con los estándares internacionales en materia de protección de los derechos humanos en eventos de protesta social. El diálogo debe ser la herramienta prioritaria y central para resolver las tensiones, y el uso de la fuerza legítima del Estado solamente cuando sea estrictamente indispensable y sujeto a los principios de legalidad, necesidad, precaución, proporcionalidad y rendición de cuentas.

Desde la Veeduría Distrital invitamos a quienes marchan y a quienes no lo hacen a hacer control social para garantizar el derecho social a la protesta pero, a su vez, para que este pueda ejercerse de una manera rebelde, si se quiere, pero nunca violenta.

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