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Obras de valorización deben tener costos y plazos reales

Por: comunicaciones
Publicado el: Julio 2019

Es indispensable que la Administración Distrital garantice espacios para la participación ciudadana desde la planeación de las obras.

Administraciones Distritales han sido diligentes para recaudar los recursos de valorización pero no para construir las obras.

Se encuentran pendientes de construir dos obras del Acuerdo 25 (1995) y 11 del Acuerdo 180 (2005), después de casi 25 y 15 años de haber sido aprobadas.

La Veeduría Distrital realizó el seguimiento a los proyectos financiados con recursos de valorización, aprobados mediante los Acuerdos 25 de 1995 y 180 de 2005 y sus acuerdos modificatorios. De este seguimiento se concluyó que las diferentes administraciones han sido diligentes para recaudar los recursos de valorización pero no para construir las obras. Se han recaudado el 99,6 % ($ 443 mil millones) del monto facturado del Acuerdo 25 de 1995 y el 96 % ($ 1,05 billones) del Acuerdo 180 de 2005. No obstante, se encuentran pendientes de construir dos obras del Acuerdo 25 y 11 del Acuerdo 180, después de casi 25 y 15 años, respectivamente, de haber sido aprobadas (ver Informe Balance de Valorización).

Se denota falta de planeación al momento de determinar el plan de obras, dado que todos los acuerdos de valorización han tenido modificaciones. El Acuerdo 25 de 1995 tuvo tres modificaciones: se eliminaron 11 de las 44 obras planeadas, se incluyó una nueva y se actualizó el costo real de las obras. El Acuerdo 180 de 2005 tuvo dos modificaciones, se eliminaron 86 de las 137 obras, y se incluyeron tres.

Otro aspecto que demuestra la falta de una mejor planeación son las modificaciones en los plazos para construir las obras, lo que representa no solo desgaste administrativo, ya que se debe acudir al Concejo Distrital para realizarlas, sino que se genera malestar y pérdida de credibilidad ante la ciudadanía por los retrasos en la entrega de las obras.

“Esta demora en la construcción y entrega de las obras genera sobrecostos a la inversión realizada para su ejecución, por ejemplo, en el Acuerdo 180, las modificaciones son superiores en un 84% a la planeada, cifra que puede ser superior teniendo en cuenta que aún hay obras pendientes de iniciar y de finalizar que se encuentran desfinanciadas como lo que ocurre con algunos tramos de la Avenida Mariscal Sucre” explicó el veedor Distrital, Jaime Torres–Melo.

La Veeduría Distrital hace un llamado a las entidades responsables de la planeación y ejecución de las obras financiadas con recursos de valorización, en especial al Instituto de Desarrollo Urbano IDU, para que los proyectos contemplados en los planes de obras de los acuerdos de valorización tengan estudios detallados, de tal manera que permitan prever los requisitos para su construcción tales como licencias, predios y coordinación con otras entidades, con el fin de establecer costos y plazos reales.

Para la Veeduría Distrital es importante que la Administración Distrital garantice los espacios para la participación ciudadana no solo en la ejecución de las obras sino desde su planeación, de forma que se garantice legitimidad y una mayor eficiencia en la asignación y ejecución de recursos; si bien es cierto que la normatividad vigente la contempla, esta no se ha visto concretada.

En este mismo sentido, se recomienda a la Administración Distrital y en particular al IDU, como entidad responsable de la distribución y recaudo de los recursos de valorización contemplar en sus escenarios de rendición de cuentas un capítulo especial dedicado a la ejecución de estos recursos y al avance del plan de obras y publicar y actualizar periódicamente esta información en la página web de la entidad, en un sitio de fácil consulta para la ciudadanía.

Dado que el Acuerdo de valorización 724 de 2018 contempla no solo obras de infraestructura vial sino de espacio público y escenarios culturales, el IDU, como responsable de estos recursos, debería centralizar la información sobre la ejecución de las diferentes obras para rendir cuentas claras sobre la inversión de estos recursos a la ciudadanía y demás entidades.

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