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“No adjudicar un contrato, sin previa decisión judicial, podría generar pérdidas económicas para el Distrito”: Veedor Distrital, Guillermo Rivera

Por: comunicaciones
Publicado el: Enero 2020

En ejercicio de sus funciones, la Veeduría Distrital hizo acompañamiento preventivo a la licitación pública de la adecuación del Sistema TransMilenio por la carrera 68.

Para el Veedor, el Consejo de Estado ya sentó una línea jurisprudencial clara frente a la adjudicación de contratos tras procesos de selección. Anota que, tal como ocurre con la 68, no adjudicar un contrato sin previa decisión judicial o de la autoridad pertinente, podría generar costos económicos al Distrito.

A propósito del debate público alrededor de la la adjudicación de la troncal de TransMilenio de la Avenida 68, y dado que la Veeduría Distrital ha venido haciendo control preventivo a dicho proceso, el Veedor Distrital, Guillermo Rivera, anotó lo siguiente:

1.  En el marco de la licitación Pública No. IDU-LP-SGI-031-2019, que tuvo por objeto la construcción para la adecuación del Sistema TransMilenio por la carrera 68 desde la carrera novena hasta la Autopista Sur, la Veeduría Distrital, a través de la Veeduría Delegada para la Contratación, cumplió con el acompañamiento preventivo al proceso de selección. Como resultado, hizo observaciones al IDU sobre: la publicidad del proceso, la necesidad del concurso de méritos para la interventoría al contrato de obra, la razón por la cual se previó que las obras civiles para redes y/o accesorios de servicios públicos domiciliarios estarían a cargo del contratista y no de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, la exigencia legal de disponibilidad presupuestal, los riesgos asociados a la gestión predial y la obtención de licencias, el cronograma del proceso, la implementación de tecnologías limpias, las acciones para mitigar el impacto en la movilidad de la ciudad, la claridad requerida en los factores de ponderación, la matriz de riesgos, las decisiones que el IDU tomó frente a los contratos relacionados con las estaciones Suba – Calle 100 y la Avenida 68, y las posibles afectaciones económicas que generaría el proyecto a establecimientos comerciales y zonas industriales consolidadas en el sector, entre otros.

2. En el marco de sus competencias y responsabilidades, el IDU acogió algunas de las sugerencias realizadas y expuso sus razones frente a las otras.

3. Frente a un proceso de licitación en curso, en términos de prevención del daño antijurídico, debe tenerse en cuenta el precedente del Consejo de Estado que “de manera uniforme y reiterada ha sostenido que, cuando la Administración se abstiene de adjudicar un contrato como producto de un procedimiento de selección y lo declara desierto o este se adjudica a un proponente que no formuló la oferta más favorable, estas circunstancias generan un perjuicio al oferente que debió resultar favorecido con la escogencia, daño que, por regla general, se concreta en la pérdida de oportunidad de recibir la utilidad que esperaba obtener por la ejecución del contrato” (sentencia de 11 de febrero de 2019, expediente 58894).
En otras palabras, no adjudicar un contrato sin previa decisión judicial o de autoridad competente podría generar pérdidas económicas para el Distrito.  

La Veeduría Distrital continuará, en el marco de sus competencias, ejerciendo control preventivo sobre este proyecto.

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